Emeute à Chincha juillet 2008

carte-perou

La ira de Chincha

Escrito por Wilfredo Ardito

31 Julio 2008

La semana pasada, una marcha de protesta por asesinato de una niña en Chincha terminó en el saqueo de diversos locales. Las turbas destruyeron las instalaciones de la empresa Soyuz, atacaron varios de sus ómnibus y lograron incendiar uno de ellos. Una primera explicación de lo sucedido señalaría que hubo un problema de “seguridad ciudadana”: la policía no logró controlar a grupos de delincuentes que aprovecharon una movilización social para cometer sus fechorías. Sin embargo, ésta es una explicación más bien tranquilizadora.

Los disturbios de Chincha se parecen mucho a los ocurridos en Juliaca, Ayaviri, Sicuani, El Pedregal y Morococha. En esos lugares, los vecinos protestaban contra la proliferación de discotecas y bares ilegales, con un indignante entorno de prostitución de menores, delincuencia y alcoholismo. Las autoridades locales estaban paralizadas por la indolencia, la corrupción o acciones de amparo. Finalmente, un homicidio u otro hecho indignante desencadenó que la frustración se transformara en violencia y la población incendió los locales que actuaban con toda impunidad.

En el Sur Chico, Soyuz es una de las mejores combinaciones de abusos e impunidad. Todos sus habitantes recuerdan cómo, la noche del fatídico 15 de agosto, elevó el precio de los pasajes hasta cincuenta soles, lucrando con la desesperación de miles de personas que querían buscar a sus seres queridos y sabían que la ayuda estatal llegaría demasiado tarde. El maltrato a los pasajeros es permanente: pese a que está prohibido, los ómnibus recogen personas en cualquier lugar de la carretera y les hacen viajar a pie. Esta práctica favorece también los posibles asaltos.

Dos días antes del saqueo del local de Chincha, un ómnibus de Soyuz invadió el carril contrario en la Panamericana Norte durante varios minutos. La imprudente maniobra generó un terrible accidente en que murieron 22 personas. El chofer de Soyuz tenía ya 20 infracciones acumuladas y seguía manejando sin que a su empresa le importara mucho… y a las autoridades estatales tampoco, probablemente por las conexiones que tiene con el Partido Aprista.

No es la primera vez que el rechazo a la empresa se manifiesta violentamente: en diciembre del 2006 otro ómnibus fue incendiado en Guadalupe, a pocos kilómetros de Ica, después que el chofer atropelló a un niño y pretendió fugar. Aunque algunos medios de comunicación consideran estos hechos violentos como manifestaciones de “desgobierno”, el verdadero desgobierno se produce cuando las autoridades estatales están ausentes o no tienen interés en cumplir sus propias normas.

A falta de Estado, los actores económicos tienden a abusar y las infracciones laborales o los daños ambientales se producen con total impunidad… y no sólo abusan empresas poderosas. En una localidad cusqueña conocí una amable ancianita inglesa que ha establecido una ONG para atender niños pobres y recauda fondos a través de un restaurante turístico. Sin embargo, a sus empleadas apenas si les paga la mitad del sueldo mínimo. Una situación similar vive un amigo mío: cada mes le descuentan un porcentaje de su sueldo como “donación” para los directivos de la ONG donde labora.

Normalmente, las víctimas de los abusos optan por la resignación y, cuando buscan denunciar, encuentran a un Estado ausente. Es entonces cuando se producen los estallidos sociales y cuando el Estado sí aparece para reprimir violentamente a los ciudadanos, como sucedió a los dos trabajadores mineros fallecidos mientras protestaban contra la empresa minera Marsa en Pataz (La Libertad).

Con ellos, pasan de 20 los peruanos muertos a manos de las fuerzas del orden en lo que va de este gobierno, pese a lo cual, el Ministro de Defensa, Antero Flórez-Aráoz, emitió un reglamento la semana pasada permitiendo a los militares matar personas con criterios tan ambiguos como “el cumplimiento de su misión”. Flórez-Aráoz desvirtúa así totalmente el rol de las Fuerzas Armadas, pero pretende encarnar el patriotismo al denunciar a una bailarina por posar desnuda sobre la bandera en una evidente cortina de humo. Para nosotros, la mayoría de conflictos sociales, desde Moquegua hasta Chincha y desde Pataz hasta Puerto Maldonado, son manifestaciones de UN solo conflicto y es la exclusión que viven millones de peruanos, olvidados por las autoridades o, lamentablemente, perjudicados por las decisiones que éstas toman. ¿Qué pueden sentir los habitantes de una comunidad campesina cuando descubren que sus tierras fueron entregadas a una empresa minera, sin ninguna consulta?… y, si no desean vender sus tierras, el Estado las obligará a cederlas a través de la servidumbre minera (Decreto Legislativo 1064).

Lo único sorprendente en el Perú es que no haya más estallidos sociales… Sin embargo, éstos son un desahogo y no una solución. Por ejemplo, Soyuz continúa actuando impunemente. Sólo ayer murieron otras dos personas en sendos accidentes, producidos al parecer por el agotamiento de los choferes. La mejor forma de prevenir estos hechos violentos sería que el Estado esté presente para garantizar los derechos ciudadanos de todos los ciudadanos. Como esto parece demasiado lejano, la ira que se manifestó en Chincha seguirá manifestándose.